El trabajo coordinado entre administraciones se concreta en órdenes de restablecimiento de la legalidad, como la dictada por una instalación de madera no autorizada en Antigua
Las sanciones pueden alcanzar los 600.000 euros en las infracciones muy graves y su pago no exime de recuperar el terreno afectado
El trabajo de vigilancia y denuncia de las construcciones e instalaciones no autorizadas en suelo rústico de Fuerteventura continúa dando resultados, con resoluciones que obligan a restablecer la legalidad urbanística. El Cabildo informa de estos procedimientos dentro de la campaña que acompaña a la actuación conjunta con el Gobierno de Canarias, los seis ayuntamientos, las policías locales y la Guardia Civil para proteger el territorio y prevenir nuevas infracciones.
Entre las resoluciones recibidas recientemente, figura la dictada por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural sobre una instalación de madera no autorizada en Antigua, denunciada por los agentes de Medio Ambiente del Cabildo en 2024.
Las obras se encuentran en un terreno clasificado como Suelo Rústico de Protección Agraria. La resolución concluye que son incompatibles con los instrumentos de ordenación y que no consta la obtención de los títulos necesarios para su legalización, por lo que ordena el restablecimiento de la legalidad urbanística.
Este caso refleja la continuidad de las actuaciones de inspección y denuncia. Aunque los procedimientos administrativos requieren tiempo, los expedientes siguen su curso y se resuelven con medidas para corregir las infracciones detectadas.
El Cabildo recuerda que las consecuencias de construir o instalar estructuras al margen de la normativa no se limitan a una sanción económica. La Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias contempla multas que pueden alcanzar los 600.000 euros en los supuestos tipificados como infracciones muy graves. La cuantía aplicable depende de la clasificación de la infracción y de las circunstancias de cada expediente. Estas sanciones son independientes de la obligación de restablecer la legalidad. Su pago no legaliza las obras ni permite mantener una instalación incompatible con la ordenación del suelo.
En el caso de Antigua, la resolución ordena el restablecimiento y advierte de que incumplir los plazos establecidos puede dar lugar a multas coercitivas de hasta 3.000 euros cada una, que podrán imponerse mensualmente hasta un máximo de diez. Estas multas son independientes de las sanciones que puedan imponerse en el correspondiente expediente sancionador.
El incumplimiento también puede llevar a que la Administración ejecute los trabajos y repercuta su coste a la persona obligada. Por tanto, a las sanciones que correspondan pueden sumarse las multas por incumplir la orden y los gastos de ejecución de las actuaciones necesarias para recuperar el terreno.
Vigilancia y coordinación para corregir las infracciones
El plan conjunto impulsado en enero de 2024 por el Cabildo, el Gobierno de Canarias y los seis ayuntamientos combina inspecciones, tramitación de expedientes e información a la ciudadanía. En febrero de 2025, la institución insular reforzó esta labor con una campaña de concienciación sobre el impacto de las instalaciones no autorizadas en el paisaje, los valores naturales y los usos tradicionales del suelo.
Dentro de este trabajo, el pasado 15 de septiembre se desarrolló un operativo simultáneo en La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje. Técnicos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, agentes de Medio Ambiente del Cabildo, efectivos del SEPRONA y policías locales realizaron 64 inspecciones con indicios de infracción.
El balance presentado por las administraciones en septiembre recogió, además, 26 restablecimientos voluntarios documentados entre 2023 y 2026. La corrección de estas actuaciones y las órdenes que se van notificando muestran los resultados del trabajo conjunto, desde la detección de las irregularidades hasta la recuperación del territorio.
El Cabildo continuará informando sobre las resoluciones como parte de la campaña, para que la ciudadanía conozca las consecuencias de estas actuaciones antes de realizar una inversión o intervenir en una parcela.
La institución recuerda que comprar un contenedor, una casa prefabricada o una estructura de madera no garantiza que pueda instalarse legalmente en un terreno. El material empleado o su carácter desmontable no eximen de cumplir la normativa. Antes de adquirir o colocar cualquier instalación, es necesario consultar con el ayuntamiento correspondiente los usos permitidos y las autorizaciones exigibles.